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El juez de Púnica pide a la Comunidad de Madrid más contratos por los “indicios” de mordidas

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El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, uno de los muñidores de ‘Púnica’.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, instructor de Púnica, ha exigido a la Comunidad de Madrid la documentación relativa a nuevas adjudicaciones de la antigua empresa pública Arpegio (en la actualidad Obras de Madrid) ante la identificación de recientes “indicios de pre adjudicaciones si la empresa [Arpegio] se avenía a pagar comisiones a la autoridad adjudicante o a su partido”, según la documentación obtenida por El Independiente.

Arpegio (que entre 2010 y 2017 se llamó Nuevo Arpegio y desde diciembre de 2017 fue refundada como Obras de Madrid) está en el foco de la trama de corrupción que estalló en octubre de 2014. En concreto el Programa Prisma, que es el referido por la Audiencia Nacional en esta nueva notificación. “De igual forma”, reza el escrito del 30 de octubre de la Fiscalía en el que solicita al juez abrir diligencias, “se ha conocido que las empresas recuperaban esas comisiones, con sobrecostes de obras, convalidaciones y modificados en los que ya intervenían algunos técnicos, coadyuvando a resarcir a las adjudicatarias de las comisiones abonadas a costa del erario público”.

Las empresas recuperaban comisiones con sobrecostes, convalidaciones y modificados”

La Comunidad de Madrid confirma a este medio que Obras de Madrid fue requerida por el juez García Castellón. Según portavoces del Gobierno regional, la empresa pública “presentó la documentación requerida” por el magistrado de la Audiencia Nacional “y mostró su colaboración con la Justicia poniendo a su disposición los archivos de la empresa para la obtención de información que pueda ser de interés en las diligencias que se abrieron en su día”.

En el escrito de la Fiscalía se solicita a la sociedad regional “que certifique los siguientes extremos” para clarificar “si han existido o no desviaciones desde los importes de adjudicación”, así como las “cuantías”. En concreto, el juez instructor ha pedido los importes “de los contratos de obras y servicios de los programas Prisma 2006-2008 y 2011″ (hasta 2015, que fue la vigencia del Programa de Inversión Regional, Prisma)”; la Audiencia también quiere conocer la “indicación del municipio, el director de la obra y la empresa adjudicataria”.

La AN pide saber incluso el “municipio, director de empresa y adjudicataria” de las obras

Igualmente, el magistrado reclama “cualquier modificado complementario o los expedientes de convalidación” de dichas adjudicaciones; y finalmente, se solicita el nombre de los “funcionarios o el personal que hayan intervenido en las certificaciones”. La finalidad, recuerda la Fiscalía, es identificar las posibles desviaciones arriba aludidas a las empresas “de las que tenemos indicios de haber satisfecho comisiones”, así como “las razones, necesidad y contenido de las convalidaciones o certificaciones de obras que implicaron un mayor gasto”. En el escrito se insiste en la importancia de conocer los importes para “cuantificar el aseguramiento de bienes de los investigados, que en su caso deben estar sujetos a un futuro resarcimiento de perjuicios”.

García Castellón accedió el pasado mes de noviembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción a ampliar 40 meses más el plazo de instrucción de la trama Púnica. Con esta petición, la Fiscalía pretende acabar las pesquisas antes de que se cumpla un lustro (en octubre) e ir cerrando piezas separadas y presentando los respectivos escritos de acusación a la mayor brevedad posible. El escrito de Anticorrupción de noviembre pasado recuerda que “la cooperación internacional, con distintos estados miembros y terceros estados, encuentra sus dificultades en el propio entramado que construyeron los investigados para ocultar ganancias ilícitas, lo que motiva que todavía deban ser remitidas peticiones complementarias y nuevas rogatorias, algunas a países no cooperantes se los propios informes internacionales”.

El juez García Castellón amplió el plazo de instrucción de Púnica otros 40 meses

El goteo es incesante. El pasado 7 de enero este medio adelantó los correos enviados por el que fuera mano derecha de Francisco Granados y su jefe de gabinete durante toda su carrera política, Ignacio Palacios, al constructor arrepentido David Marjaliza, quien colabora activamente con la justicia desde junio de 2015. En los correos se aborda la adjudicación de distintas obras, todas ellas investigadas dentro de la trama corrupta.

En la trama Púnica se investigan, entre otros, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

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