Opinión

El menos indicado de España para dirigir Instituciones Penitenciarias

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En abril de 2016, Ángel Luis Ortiz, el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, participó en unas jornadas organizadas por la Comisión Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) para denunciar “torturas” en las cárceles españolas. Sin embargo, paradójicamente, sólo dos años más tarde de aquellos actos en los que Ortiz ponía en entredicho el respeto de España por los derechos humanos, un compromiso adquirido por nuestro país con la Convención Europea de los Derechos Humanos en 1977, tomó posesión de su cargo en el Ministerio del Interior sin ningún rubor.

Cuando se celebraron los actos, bajo el nombre de ‘V Jornadas de formación en la denuncia de tortura y malos tratos: “Prisión como trato inhumano”’, Ortiz –que también ha formado parte de la cúpula del Ayuntamiento de Manuela Carmena– pertenecía a ‘Otro derecho penal es posible’, una organización que, según señala en su web, critica las tendencias “irracionalmente punitivistas que imperan en nuestra política criminal” y tiene el fin de “presionar y difundir mensajes político-criminales alternativos en la sociedad y el mundo político”.

El jefe de las cárceles españolas, recordemos, fue un fichaje que se hizo por deseo expreso de Fernando Grande-Marlaska tras la llegada del PSOE a La Moncloa. Tanto es así, que antes de convertirlo en el número dos de Ana Botella, la secretaria de Estado de Seguridad, el titular de Interior ya tenía claro que Ortiz tendría que estar en su equipo para gestionar una de las áreas estrella de su ministerio: las prisiones. Unas cárceles en las que, siempre según el responsable de Instituciones Penitenciarias, impera el “trato inhumano” y, por consiguiente, entendemos, que una violación absoluta de los derechos y las libertades de los reclusos. Es probable que Ortiz, tras los hechos revelados por OKDIARIO, sea una de las personas con menos autoridad moral de toda España para llevar a cabo la gestión de las cárceles españolas. Grande-Marlaska lo encumbró y Grande-Marlaska debería deponerlo.

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